En el Seminario de Vic, tuvo lugar el pasado 7 de julio la presentación en rueda de prensa de la Memoria 2021 de las Cáritas diocesanas con sede en Cataluña. En el acto intervinieron Mons. Romà Casanova, obispo de Vic y presidente de Cáritas Diocesana de Vic; Caye Gómez, representante del Grupo de Trabajo de Análisis Social de Cáritas Cataluña; Anna Roig, representante de la Comisión de Comunicación de Cáritas Cataluña y Francesc Roig, presidente de Cáritas Cataluña.
El obispo Casanova recordó que desde el 2008 hasta la actualidad vivimos una situación de crisis permanente. Primero fue la crisis económica (2008-2015); posteriormente, la crisis de los refugiados sirios (2015); más adelante, la pandemia de la COVID-19 (2020-2021) y, últimamente, la crisis humanitaria provocada por la guerra en Ucrania. Para el obispo, «todas estas situaciones nos interpelan para un cambio urgente: una conversión económica, social, cultural y también personal».
Caye Gómez, representante del Grupo de Trabajo de Análisis Social de Cáritas Cataluña, explicó que en 2021, 98.797 hogares donde viven 241.864 personas, se beneficiaron de la acción social de las diez Cáritas diocesanas catalanas, lo que supone un aumento del 12% desde los niveles de antes de la pandemia (2019).
A continuación comentó los datos sobre las familias atendidas por las 10 Cáritas diocesanas de Cataluña, destacando que:
Continúan siendo mayoritarias las familias con niños y adolescentes, con una proporción del 49% dentro del total. De éstas, destacan los hogares monoparentales con un porcentaje del 17%. Por lo que respecta a las personas solas, representan el 26% del total.
Las formas de vivienda que no se consideran dignas afectan a un elevado número de los hogares atendidos (43%). En concreto, la proporción de personas atendidas que viven de realquiler es el 14% del total. La proporción de personas sin vivienda se sitúa en el 5%; las que están acogidas en casas de familiares o amigos en el 9%; las que están acogidas en entidades sociales en el 5% y las que están ocupando se sitúan en el 10%. Por lo demás, el 49% vive en régimen de alquiler, y el 8% restante, en régimen de propiedad.
Respecto a la situación administrativa, se distribuye en proporciones prácticamente idénticas entre las de nacionalidad española (35%), situación administrativa regular (32%) y situación administrativa irregular (33%). “Las actuales políticas de migración no ponen a la persona en el centro, por el contrario, dificultan el acceso de estas personas a derechos tan básicos como la sanidad, el trabajo o la participación en nuestra sociedad, y fomentan prácticas abusivas o el explotación laboral”, advirtió Gómez.
Por último, según la situación laboral, el 61% de las personas atendidas está en paro o en búsqueda de empleo, lo que refleja la estrecha relación entre las situaciones de paro y la exclusión social. El 19% de las personas atendidas tienen un trabajo, que siempre es precario y no les permite cubrir sus necesidades básicas.
Para el representante del Grupo de Trabajo de Análisis Social de Cáritas Cataluña, en 2021 “nos ha dejado problemáticas estructurales recurrentes, sobre las que Cáritas ha alertado desde hace años, así como otras nuevas, como la brecha digital”. Este nuevo factor de exclusión llega en forma de carencia de dispositivos de conexión, de una conectividad inadecuada a los hogares, así como de la falta de habilidades o competencias en un mundo cada vez más digitalizado, afectando especialmente a las personas más vulnerables.
Anna Roig, representante de la Comisión de Comunicación de Cáritas Cataluña, ha puesto de relieve que el impacto de la pandemia ha sido mayor en los hogares sin ingresos, y que muchas familias se han tenido que enfrentar a situaciones que han empeorado la situación de precariedad. «No poder asumir los gastos de la vivienda, las facturas de los suministros (luz, agua, gas, Internet), los gastos escolares, médicos o alimenticios los ha obligado a pedir ayuda económica a familiares y amigos oa instituciones sociales», ha indicado Anna Roig. En algunos casos, las personas se han mudado a una vivienda más barata, han pedido micro préstamos pese a no tener dinero en la cuenta, o bien han solicitado ayudas a las administraciones locales. «Son algunas de las piedras que se encuentran en el camino». Esta precariedad ha debilitado sus lazos sociales, ha aumentado los conflictos familiares o ha incrementado las enfermedades mentales de los más vulnerables.
En la última parte de la rueda de prensa, Francesc Roig, presidente de Cáritas Cataluña ha recordado que, pese al impresionante trabajo en red efectuado por las entidades del Tercer Sector social de Cataluña y la necesaria coordinación entre las administraciones públicas y las organizaciones sociales, pasan los años y en Cáritas “nos cansamos de presentar una y otra vez nuestras propuestas para enderezar esta situación, y sin embargo, no se avanza al ritmo que requieren las personas que viven cada día en la pobreza”.
Para Roig, “hay que recuperar una política de consensos en materia social, que establezca como prioridades la garantía del derecho a una vivienda digna para todas las personas, la garantía de unos ingresos mínimos con un encaje adecuado entre el ingreso mínimo vital (IMV) y la renta garantizada de ciudadanía (RGC) (ampliando su cobertura y suavizando las trabas burocráticas que tienen lugar en la actualidad), y el establecimiento de planes de empleo específicos para los colectivos más vulnerables”.
Por último, también han destacado que no sólo es importante el aumento del gasto social, sino también su redistribución, de forma que llegue a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. «Hay que seguir trabajando para recuperar la comunidad como lugar donde se tejen las relaciones de protección entre las personas».