Entidades confesionales como Cáritas Cataluña, Sant’Egidio y San Juan de Dios, con entidades y todos los Partidos políticos menos Vox entraron en el registro del Parlamento de Cataluña el día 25 de enero de 2022 una proposición de ley de medidas transitorias y urgentes para hacer frente y erradicar el “sinhogarismo” en Cataluña. Ha sido elaborada por varios juristas de la UB y la UAB junto con entidades sociales que se dedican a esta problemática. La ley prevería garantizar a todas las personas sin hogar, que podrían ser unas 18.000, un “espacio residencial digno” en dos años y una vivienda de inserción social en cinco años. Garantizar un espacio residencial digno, al que se pueda acceder las 24 horas del día y que tenga condiciones de vida privada. Además, se garantiza a todo el mundo un título de transporte, lavandería, consigna, ducha y servicios funerarios básicos.
Se trata de una propuesta impulsada desde el mundo académico, que ha dirigido Antoni Milian Massana, catedrático de Derecho administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), y con la participación, entre otros, de Vicenç Aguado Cudolà, catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de Barcelona (UB). La propuesta de texto ha contado con el apoyo y la implicación plena de entidades sociales que se dedican a la defensa de los derechos de las personas sin hogar como Assís Centro de Acogida, Fundación Arrels, Cáritas Cataluña, la Comunidad de Sant’Egidi y San Juan de Dios Servicios Sociales.
El objetivo es regular por ley las actuaciones y los servicios que las administraciones públicas deberían llevar a cabo en el territorio catalán para garantizar los derechos de las personas sin hogar y para erradicar esa situación. Cabe remarcar que las personas sin hogar tienen los mismos derechos que el resto de ciudadanos, pero carecen de una ley específica como sí tienen otros colectivos vulnerables. La ley se dirige al sinhogarismo más duro y crónico, a las personas que se encuentran en las tres primeras categorías de la escala europea sobre exclusión residencial: las que viven en el espacio público sin domicilio, las que pernoctan en albergues y pasan la resto del día en la calle y las que viven y duermen en refugios o centros de servicios específicos para personas sin hogar. Se dirige a los municipios de más de 20.000 habitantes o que tienen más de 20 personas sin hogar crónicas.
