Cáritas de Urgell, junto con Cáritas Cataluña, ha puesto en marcha la Campaña de Navidad, con el lema «Haz que un hogar digno no sea una carta a los Reyes». La campaña ha querido ponerse en el lugar de un niño que, en vez de pedir juguetes a los Reyes Magos, tiene una ilusión aún mayor: que su familia disponga de un hogar digno.
Este año la campaña nos invita a reflexionar sobre un derecho de la Constitución Española que está conculcado desde hace años: el derecho a una vivienda digna. La realidad nos muestra de forma cruda que, hoy en día, la falta de acceso a una vivienda digna y al alcance de la mayor parte de la ciudadanía, es el primer factor de exclusión social. Estamos en una situación de emergencia en lo que se refiere a la vivienda. Según el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Cataluña (2022) publicado por la Fundación FOESSA de Cáritas, el 26,5% de la población catalana en situación de exclusión social se encuentra en una situación de inseguridad en la vivienda, y el 44,7%, en situación de infra-vivienda. El 69,8% de las personas atendidas por Cáritas Cataluña en 2023 no podían hacer frente a los gastos de vivienda (alquiler, re-alquiler o, en algunos casos, hipoteca), y el 23,2% sufrió alguna amenaza de expulsión de la vivienda en los últimos meses.
La precariedad y la temporalidad laboral, el encarecimiento de la vida, la inflación, y otros factores hacen que muchas familias tengan que dedicar más del 60% de sus ingresos al pago de una hipoteca o del alquiler de un piso y para el pago de suministros en el hogar, lo que tiene consecuencias muy importantes en sus vidas. Para pagar la vivienda se reduce el consumo de productos básicos y esto tiene repercusiones en una dieta equilibrada y de calidad; la compra de medicamentos, así como los gastos en ocio, tiempo libre y cultura; muchos niños no pueden participar de actividades extraescolares, colonias y campamentos; incluso, existen familias que no pueden disfrutar de vacaciones fuera del domicilio particular.
El sistema de alquiler, la dificultad de empadronamiento y las continuas carencias de atención presencial -por parte de algunas administraciones locales-, el escaso parque de vivienda social pública y la mercantilización de la vivienda como elemento de especulación, por parte de fondos buitres, bancos y grandes tenedores -muchos sin ningún tipo de escrúpulos -, tienen como consecuencia que muchas personas y familias viven en situación de sinhogarismo o infravivienda. Ante la complejidad del problema de la exclusión residencial existen soluciones. Las administraciones públicas deben promover con urgencia políticas públicas decididas que logren resolver el problema y dotarlas presupuestariamente.
Cáritas y otras organizaciones de acción social también piden la implementación del housing first, la construcción de vivienda social, la regulación sobre la especulación inmobiliaria, la promoción del alquiler social concertado, para garantizar que los propietarios cobren los alquileres o aumento de la presión fiscal sobre los pisos vacíos desde hace años, entre otros.