Las comisiones y asociaciones de «Justicia y Paz» con sede en Cataluña han elaborado un Documento sobre «El reto de una vacunación mundial y equitativa contra la Covidien-19». Es el siguiente:
Las vacunas que inmunizan contra la COVID-19 se han convertido en un seguro de vida. Pero este seguro parece como de uso restringido para personas privilegiadas. A pesar de las múltiples llamadas de la OMS a un acceso equitativo a las vacunas [1], en este momento el 75% de las inmunizaciones se está concentrando en diez estados que suponen el 60% del PIB mundial, mientras que más de 100 países, donde viven 2.500 millones de personas, no han recibido ni una sola dosis.
Esta situación deja actualmente fuera de la vacuna a los países donde viven la mayoría de personas pobres y vulnerables. Es preocupante que los países más ricos prevean vacunar a toda la población en los próximos meses, mientras que en muchos otros países del mundo no se habrán vacunado ni tan sólo las personas que tienen el riesgo más grande de padecer las formas más graves de la enfermedad. No podemos aceptar esta situación tan profundamente injusta.
A la vez, como ha señalado también la OMS, la eficacia de las vacunas podría disminuir si en muchas regiones el virus se transmite descontroladamente, con las consiguientes mutaciones. Se trata, pues, no solamente de una cuestión de justicia, sino de la única manera eficaz de poner fin a la pandemia.
Las grandes diferencias en el acceso a las vacunas se explican no solamente por una tendencia al nacionalismo y proteccionismo de los países ricos. Las empresas farmacéuticas venden exclusivamente las vacunas a buen precio a aquellos países que las pueden pagar. Farmacéuticas que -es necesario subrayar- han podido financiar una parte relevante de la necesaria inversión con recursos públicos de diferentes países, entre los cuales la Unión Europea, los Estados Unidos y el Japón, sin que, como sería lógico, éstos tengan ahora un retorno de la inversión que ha hecho la ciudadanía.
Parece comprensible que las compañías farmacéuticas busquen recuperar los gastos realizados en la búsqueda de las vacunas y que generen unos beneficios razonables, que ya se están produciendo. Pero al ritmo actual de producción no habrá una cantidad suficiente de vacunas para aplicarlas en el plazo de dos años a los 7.700 millones de personas que viven en el planeta, garantizando un acceso global equitativo a las vacunas.
La única manera para hacerlo posible, en este contexto de extensa y grave situación sanitaria, es que las empresas titulares de los derechos de explotación de las vacunas los liberen y otorguen las correspondientes licencias a otras empresas, compartiendo su tecnología, para facilitar la producción en todo el mundo. De hecho, algunas grandes compañías ya han puesto a disposición de las empresas farmacéuticas sus infraestructuras para poder aumentar la producción de vacunas, tal como se hizo anteriormente para ampliar el acceso a los tratamientos contra el VIH y la hepatitis C. Es necesario tener siempre presente que toda propiedad y toda actividad empresarial han de tener como horizonte su función social.
Por todo ello consideramos imprescindible atender el reclamo de la OMS y del secretario general de Naciones Unidas, que han pedido la creación de un grupo de trabajo de emergencia que impulse y coordine la lucha contra la pandemia a escala mundial y elabore un Plan Mundial de Vacunación para reunir a todos los actores con poder, experiencia científica y capacidades financieras y de producción.
Igualmente, la OMS y otros actores internacionales han puesto en marcha el mecanismo COVAX que constituye un esfuerzo global para acelerar el acceso equitativo a las vacunas. El objetivo es suministrar vacunas a un mínimo del 20% de la población de cada país participante, para algunos de los cuales sin coste en atención a su situación económica. Sin embargo, actualmente COVAX padece de un financiamiento insuficiente.
Las recomendaciones de Naciones Unidas han recibido el pleno apoyo de la Iglesia y del Papa Francisco. Recientemente, Caritas Internacional y el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, en un comunicado conjunto del pasado día 5 de febrero [2], han reclamado que todos los países, y especialmente los más desfavorecidos, tengan acceso a las vacunas para hacer frente a la COVID-19. Para hacerlo posible piden decisiones políticas firmes, basadas en el multilateralismo, la condonación urgente de la deuda externa a los países más pobres con la finalidad de utilizar los fondos para mejorar sus sistemas médicos y sanitarios, la producción local de vacunas a partir de revisar la cuestión de las patentes, el apoyo financiero y técnico a las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones religiosas para promover la sensibilización social y el acceso a la atención preventiva.
Pero mientras no se avance en esta dirección, la ciudadanía de los países más ricos que no presentan riesgos de salud importantes, ni son personal sanitario o esencial, tenemos un dilema moral: ¿podemos aceptar en conciencia el privilegio de ser vacunados antes que la población vulnerable del resto del mundo? ¿No sería necesaria, al menos, una movilización ciudadana para exigir antes garantías de un acceso mundial y equitativo en un término razonable?
Como reclama el Papa Francisco, tenemos por delante el reto de avanzar hacia la fraternidad universal, porque “hoy nos salvamos todos o no se salva nadie” [3]. Y es que “la verdadera cualidad de los distintos países del mundo se mide por esta capacidad de pensar no sólo como país, sino también como familia humana y eso se pone a prueba especialmente en las épocas críticas” [4] (Fratelli Tutti, 141).
Comisiones y asociaciones Justícia i Pau de Catalunya
17 de marzo de 2021
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[2] https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/02/05/infomr.html
[3] Papa Francesc, Carta encíclica Fratelli Tutti, 137
[4] Íbidem, 141