el fundamentalismo y la hostilidad contra los creyentes comprometen la laicidad positiva de los Estados

8. La misma determinación con la que se condenan todas las formas de fanatismo y fundamentalismo religioso ha de animar la oposición a todas las formas de hostilidad contra la religión, que limitan el papel público de los creyentes en la vida civil y política.

No se ha de olvidar que el fundamentalismo religioso y el laicismo son formas especulares y extremas de rechazo del legítimo pluralismo y del principio de laicidad. En efecto, ambos absolutizan una visión reductiva y parcial de la persona humana, favoreciendo, en el primer caso, formas de integrismo religioso y, en el segundo, de racionalismo. La sociedad que quiere imponer o, al contrario, negar la religión con la violencia, es injusta con la persona y con Dios, pero también consigo misma. Dios llama a sí a la humanidad con un designio de amor que, implicando a toda la persona en su dimensión natural y espiritual, reclama una correspondencia en términos de libertad y responsabilidad, con todo el corazón y el propio ser, individual y comunitario. Por tanto, también la sociedad, en cuanto expresión de la persona y del conjunto de sus dimensiones constitutivas, debe vivir y organizarse de tal manera que favorezca la apertura a la trascendencia. Por eso, las leyes y las instituciones de una sociedad no se pueden configurar ignorando la dimensión religiosa de los ciudadanos, o de manera que prescinda totalmente de ella. A través de la acción democrática de ciudadanos conscientes de su alta vocación, se han de conmensurar con el ser de la persona, para poder secundarlo en su dimensión religiosa. Al no ser ésta una creación del Estado, no puede ser manipulada, sino que más bien debe reconocerla y respetarla.
El ordenamiento jurídico en todos los niveles, nacional e internacional, cuando consiente o tolera el fanatismo religioso o antirreligioso, no cumple con su misión, que consiste en la tutela y promoción de la justicia y el derecho de cada uno. Éstas últimas no pueden quedar al arbitrio del legislador o de la mayoría porque, como ya enseñaba Cicerón, la justicia consiste en algo más que un mero acto productor de la ley y su aplicación. Implica el reconocimiento de la dignidad de cada uno, la cual, sin libertad religiosa garantizada y vivida en su esencia, resulta mutilada y vejada, expuesta al peligro de caer en el predominio de los ídolos, de bienes relativos transformados en absolutos. Todo esto expone a la sociedad al riesgo de totalitarismos políticos e ideológicos, que enfatizan el poder público, mientras se menoscaba y coarta la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión, como si fueran rivales.